Como no tenemos bastante con la fractura social, la Oil & Gas Capital quiere traernos también la geológica. Como no parece que sea suficiente vivir en una región con uno de los mayores índices de desempleo, pobreza o desigualdad del país, en una región fragmentada socialmente, las compañías petroleras quieren aplicarnos también otra fracturación, la del subsuelo, conocida como hidráulica o fracking. Para más inri, en una zona como la nuestra, declarada de alto riesgo sísmico, atravesada por varias fallas en constante movimiento.
Y nada parece desalentarlas. Ni el rechazo social o político que provocaron anteriores intentos, ni que la Asamblea Regional declarara en octubre del año pasado la Región de Murcia libre de fracking. Porque vuelven una y otra vez a sus andadas. Esta vez, solicitando iniciar una campaña de prospección en varias comarcas de nuestro territorio que abarcan Cieza, Calasparra, Cehegín y Moratalla. A estos trabajos, previstos para el primer semestre de 2017, les seguiría, si los resultados son positivos para la empresa, la primera perforación.
El problema es que, como ya sabemos por lo que ocurre en la explotación de los yacimientos de gas de los Apalaches, en Estados Unidos, entre otras cosas, la técnica utilizada contamina las aguas naturales. Una práctica muy agresiva que consiste básicamente en inyectar a presión millones de metros cúbicos de agua y arena con productos químicos (¿qué productos? nadie lo sabe) para ampliar las fracturas existentes en el sustrato y liberar de este modo gas o petróleo.
Si finalmente el fracking se lleva a cabo, los daños para la economía de las comarcas señaladas están asegurados. Supone además, como recuerda Ecologistas en Acción, asumir graves riesgos para la salud y el medio ambiente tanto en las zonas directamente afectadas como en el conjunto de la cuenca del Segura. Porque ¿adónde irán a parar las aguas tóxicas que sirven para fracturar la roca si no es a las entrañas mismas de la zona de prospección, que no es otra que el acuífero del Sinclinal de Calasparra? Allí, precisamente, donde se sitúa una de las reservas de agua más importante de la cuenca del Segura, y cuya potencial contaminación química tendría unas consecuencias ambientales, económicas y sociales difíciles de imaginar.
¿Es que queremos que ocurra con el sinclinal de Calasparra o con nuestro río lo que ha ocurrido con el Mar Menor? ¿Acaso no somos conscientes de que podemos provocar con esta incesante codicia gasística un nuevo desastre ecológico? ¿De verdad va a resultar rentable esta explotación cuando tengamos que destinar dentro de unos años millones de euros para descontaminar lo que estamos ahora a tiempo de no contaminar? ¿Y qué ocurriría con los melocotones de Cieza, con el arroz de Calasparra, si llegado el caso, se difundiera por los mercados extranjeros que se riegan con aguas provenientes de zonas donde se practica el fracking?
De poco nos va a servir, en suma, «generar riqueza y empleo», según las petroleras, extrayendo algunos miles de barriles de petróleo, si a cambio estamos destruyendo el medio ambiente, contaminando nuestros acuíferos e incrementando (con la fracturación del subsuelo) los riesgos de padecer terremotos. Algo que se pudo comprobar fehacientemente en Castellón donde fue el propio Instituto Geográfico el que ratificó la relación del proyecto Castor con los más de quinientos movimientos sísmicos que se produjeron en las inmediaciones del almacén. Así las cosas ¿merece la pena, realmente, pagar ese precio por extraer unos recursos que finalmente serán explotados por multinacionales extranjeras que cuando expriman nuestro suelo se marcharán dejándonos una tierra minada?
Entretanto, resulta inconcebible que este Gobierno le siga poniendo impuestos al sol al tiempo que ofrece ventajas fiscales a las empresas petroleras contaminantes. La reciente sentencia del Tribunal Supremo ha supuesto un duro mazazo para la región. Ecología contra economía. El dilema de siempre. Y ahora el de cada día. Y ante el que ya no vale mirar para otro lado. Así que, puestos a ser democráticos, por qué no someterlo a referéndum en esta era de la 'transparencia'.
Lo mismo que para reactivar supuestamente la economía este Gobierno ha estado inyectándole a presión leyes laborales injustas que han castigado a los más desfavorecidos y agrandado las fracturas sociales existentes, la inyección de aguas contaminadas en el subsuelo para extraer gas o petróleo terminará por provocar también fracturas geológicas de resultados imprevisibles. De ahí que no queramos, por sus daños colaterales devastadores, ni uno ni otro. Ni fracking social ni fracking hidráulico.
¿Fracking en Cieza? No, gracias.
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